Una política de estado

Carlos F. Heredero.

De pronto, algunos sucesos coinciden en el tiempo, resuenan unos sobre otros y arrojan luz sobre realidades colaterales. Es lo que ha sucedido ahora con la irrupción casi simultánea de tres novedades relevantes: 1) la aparición de una superlativa edición en DVD de Vida en sombras, la importantísima película de Llorenç Llobet Gràcia, ahora rescatada en una copia debidamente restaurada, tratada y empaquetada con ejemplar rigor filológico; 2) el nombramiento de Josetxo Cerdán al frente de la Filmoteca Española, lo que sin duda abre una nueva y esperanzadora etapa en el devenir de la institución, y 3) el cambio de formato en el programa de TVE Historia de nuestro cine, que reducirá gravemente la presencia del cine español en la televisión pública.

Tres sucesos que nos remiten a una cuestión mayor: la preservación, restauración y difusión del patrimonio fílmico español. Y aquí llegamos al núcleo de la cuestión: la obligación ineludible que los poderes públicos tienen de actuar para que la historia del cine español (integrada no solo por las grandes películas canónicas instaladas en los panteones oficiales, sino también por todas aquellas que nos hablan de la vida, de la cultura y de la sociedad de este país a lo largo de sus diferentes etapas históricas) no se pierda, para que se preserve en las debidas condiciones que exigen materiales tan frágiles como el viejo celuloide o los inestables algoritmos del digital, y para que resulte accesible para el público y para los investigadores, para la crítica y para la sociedad.

Ahora que vivimos tiempos en los que parecen importar más las tesis doctorales que la acción política, parece sensato reclamar un regreso urgente a la política. A las políticas activas de preservación y restauración (un campo en el que la Filmoteca de Cataluña viene trabajando con buenos resultados: ahí está la recuperación de Vida en sombras), a las políticas inversoras de dinero público para reactivar esas mismas tareas –desde hace ya mucho tiempo casi abandonadas– en la Filmoteca Española, cuyo flamante Centro de Conservación y Recuperación languidece sin medios y sin el personal especializado que necesita (inversión y presupuestos que la institución –pero también el conjunto de la industria y del entramado cultural y cinematográfico español– deben reclamar con urgencia al ICAA, al Ministerio de Cultura y al gobierno en su conjunto), y a las políticas de difusión, que ahora –de manera incomprensible– se han visto zancadilleadas por la televisión pública al reducir (de 5 a 2) las películas semanales que podrá emitir Historia de nuestro cine, un programa que ha jugado también una función importante en el campo de la restauración y recuperación de copias de muchas películas antiguas.

De nada valdrá la buena voluntad de los directores de estas instituciones y del programa televisivo (a todos ellos los entrevistamos en este número) si no se comprende y asume, de una puñetera vez por todas, que la necesidad ineludible de conservar, restaurar y hacer accesible el patrimonio cinematográfico de un país no interpela a las políticas gubernamentales de turno, sino a la función pública del estado. Es una política de estado la que se necesita. Y ningún gobierno puede mirar para otro lado. O no debería.