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Carlos F. Heredero.

A veces es necesario explicar lo obvio. Y lo más obvio, en lo que afecta al cine español y al audiovisual en su conjunto, es que las elecciones legislativas que tendrán lugar el 20 de noviembre alumbrarán –gane quien gane– un nuevo gobierno y, con él, también una nueva política en materia de legislación cinematográfica. En consecuencia, numerosos aspectos decisivos para el presente y para el futuro inmediato de la industria y de la creación fílmica en España (la participación de las televisiones en la producción, los mecanismos que regulan las ayudas estatales, el sistema de las desgravaciones fiscales, la próxima revisión de la cuota de pantalla, los problemas de la distribución independiente, la regulación de los derechos de autor en Internet, la digitalización de las salas, la presencia del cine en los programas educativos…) se verán afectados sustancialmente por la orientación y por las políticas que ese nuevo gobierno quiera impulsar.

Y esa política le concierne al conjunto de la institución cinematográfica. De ahí que una revista como Cahiers du cinéma. España, que se debe prioritariamente a sus lectores, se pregunte en este número de noviembre qué políticas hacen falta para el cine español, porque esas políticas (recordemos de nuevo lo obvio) van a condicionar, facilitar o dificultar la vida de todos los que trabajan en el cine español, las perspectivas inmediatas de su industria, la circulación de las películas en las salas y en todos los canales digitales, la conservación de nuestro patrimonio, las relaciones entre el cine y la televisión, las escuelas de formación profesional, los estudios sobre el cine, las diferentes instancias de la crítica (sí, también de la crítica), la exhibición de cine en versión orginal, y otros muchos aspectos colaterales de la cosmogonía y de la agenda audiovisual. Políticas, por tanto, que nos conciernen a todos y de las que nadie quedará al margen.

Alguien podría preguntarse por qué una revista especializada de cine se plantea semejantes cuestiones, pero la respuesta –una vez más– nos lleva a explicar lo obvio, pues conviene recordar que la política no debería ser patrimonializada exclusivamente por los políticos, porque la política es precisamente eso: un asunto de la polis (ciudad), un concepto que proviene del griego politikós (de los ciudadanos), por lo que –a pesar de lo que algunas prácticas políticas de este país se empeñan a veces en hacernos creer– la política es un asunto de todos. Y por eso en Cahiers du cinéma. España hemos abierto nuestras páginas a los creadores que hacen las películas, a las asociaciones industriales y profesionales y a los partidos políticos para que todos, cada uno desde su función y desde su perspectiva, expresen sus reivindicaciones, sus necesidades y sus propuestas.

No seamos ingenuos. Recordemos lo obvio por enésima vez: todos los actores con voz y con intereses en el cine español están ya moviéndose ante la perspectiva electoral. Las reuniones se multiplican, las gestiones directas de los grupos de presión, también. Vayamos al grano: no dejemos que la política la practiquen solo los políticos y los poderosos. Abramos el campo, demos espacio a todas las opiniones, expresemos abiertamente las nuestras. Hablemos de cine, trabajemos por el cine; es decir, discutamos de política.