Cine portugués. Suena la alarma.
Luís Urbano y Miguel Gomes.
Una vez más suena la alarma: el cine portugués está en peligro. Despúes de un ‘año cero’, 2012, en que el Estado Portugués decidió no abrir concursos de apoyo a la producción de nuevas películas, el espectro de otra paralización del sector es una amenaza muy concreta.
Pero ¿de dónde viene esa amenaza? ¿De la crisis económica en Portugal? No, toda vez que el actual gobierno delineó una nueva Ley del Cine que dota al Instituto del Cine y Audiovisual de ingresos propios, al margen del Presupuesto de Estado, resultantes de las contribuciones financieras a que están obligadas por la Ley los operadores de audiovisual en el territorio portugués.
¿Vendrá entonces esa amenaza del hecho de que la nueva Ley no ha entrado en vigor? No, porque después de dieciocho meses de discusión pública de la Ley y de los respectivos decretos de reglamentación (no se recuerda una Ley tan ampliamente discutida), finalmente fue homologada y entró en vigor.
Bueno, si la ley está en vigor y fue redactada por el mismísimo gobierno que ahora tiene que velar por su aplicación –un gobierno que se mantiene en funciones, sin que exista conocimiento público de un Golpe de Estado–, su incumplimiento constituiría un caso surrealista de desgobierno en la República.
Pues bien, quiébrese el suspense y confírmese el surrealismo: los contribuyentes de la nueva ley rechazan pagar lo que ya deben y la Autoridad se encoge y silba al aire. Los operadores de audiovisual (cable) aprovechan la falta de fuerza y convicción política del actual gobierno y anuncian que no pretenden pagar aquello que la ley estipula. Probablemente con la intención de ver si se suscita una renegociación de la ley, utilizando como chantaje la posibilidad de una larga batalla jurídica que paralizaría durante varios años el sector del cine. Por su parte, el gobierno acepta el chantaje y no sale en público a defender la ley que creó, debatió y homologó. Recuérdese que la responsabilidad máxima en el área de la cultura en Portugal está entregada a la figura más poderosa del régimen político parlamentario portugués, el primer Ministro, dado que el Ministerio de la Cultura fue suprimido (por este gobierno) y sustituido por un Secretario de Estado. Sobre el incumplimiento de la ley y sobre la situación de calamidad que genera no se le conoce al señor Passos Coelho conmoción o pensamiento alguno… Por el contrario, siendo este un Gobierno que no ha sido piadoso con los incumplimientos fiscales de los contribuyentes a título individual, pásmense al saber que la pasada semana ha dado garantía a la fusión de dos de las empresas incumplidoras, ¡Zon y Optimus! Por curiosidad, desde que estas empresas iniciaron el proceso de fusión, diciembre de 2012, sólo la ZON ha conocido una revalorización en bolsa del 47%.
Veamos entonces cuáles son las empresas que rechazan cumplir la ley:
– ZON Audiovisuales, grupo controlado en un 28,8% por la señora Isabel dos Santos1 (¿sabrá ella que la empresa que controla en Portugal incumple sus obligaciones con el fisco portugués?), que concentra hoy el 61,5% del negocio de la distribución cinematográfica, el 57,6% de la exhibición, el 100% de los canales exclusivos de cine bajo demanda, el 50,2% de la televisión/Internet por cable, el 27% de la red fija de teléfono y el 1% de la red móvil
– Portugal Telecom (PT), que controla el 58% de la red fija de teléfonos, el 45% de la red móvil y el 39,2% de la televisión por cable
– Vodafone Portugal, que asegura el 40% de la red móvil de teléfonos y el 1,6% de la televisión/Internet por cable
– Optimus, con un 14% de la red móvil de teléfonos y un 1,2% de la televisión/Internet por cable
– y Cabovisão, con una cuota del 7,8% del mercado de televisión/Internet por cable
[fuentes: Anacom e ICA]
Este incumplimiento impidió al ICA recaudar cerca de 12 millones de euros a finales de julio del presente año. Los argumentos (pocos) hechos públicos por las empresas incumplidoras (alegada inconstitucionalidad de la Ley y alegada inconformidad con el Derecho Europeo), difícilmente podrán surtir efecto en los tribunales portugueses, ni en el marco de una jurisprudencia europea que prevé mecanismos semejantes para la financiación del cine en cada país. Los servicios de la Comisión Europea ya han negado que exista inconformidad alguna de la ley portuguesa con el Derecho Europeo. A nivel interno, esta nueva Ley del cine simplemente retoma y amplía mecanismos de financiación que estaban en leyes anteriores y que permanecen en vigor desde principios de los años setenta sin que se les haya detectado jamás señal alguna de inconstitucionalidad.
En cuanto al Gobierno, es el mismo que contempla impávida y serenamente el declinar de la Cinemateca Portuguesa y del Archivo Nacional de las Imágenes en Movimiento, cuyo modelo de financiación también se ha agotado. A todo esto los partidos de la oposición asisten tranquilamente en silencio estival.
En la película que estrenamos en el Festival de Venecia, Redemption, utilizamos imágenes de cine portugués cedidas por el Archivo Nacional de las Imágenes en Movimiento que cela por la preservación del patrimonio cinematográfico portugués y que ahora anuncia la posibilidad de cerrar sus puertas. Y por una extraña conjunción astral –o tal vez no– en esta misma película figuran como personajes/narradores algunos de los líderes políticos que han regido gobiernos en países europeos en la última década, entre ellos Passos Coelho… Sin querer desvelarle la película a quien no la haya visto, creemos que para todos, incluso para estos señores, es siempre posible una redención.
(Texto divulgado a la prensa internacional presente en el Festival de Venecia)2
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